Algunas novedades institucionales en el sistema de justicia suscitaron honda preocupación.
El progreso de juicios clave por violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado
y de algunas investigaciones sobre denuncias de violencia a manos de las fuerzas de
seguridad y ciudadanos particulares fue lento.
La ausencia de consultas y de acuerdo sobre las reformas políticas intensificó las
tensiones políticas. Algunos grupos indígenas y sindicatos realizaron protestas. En
mayo, la Central Obrera Boliviana convocó una huelga sobre las reformas de salarios
y pensiones. En junio, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia emprendió
una marcha de protesta en la localidad de Trinidad, departamento de Beni, contra algunos
elementos de la propuesta de ley de autonomía y la ausencia de avances en la asignación
de tierras. En julio se alcanzó una solución negociada. En julio y agosto surgieron
tensiones entre las autoridades locales y nacionales en el departamento de Potosí,
tras una huelga de 19 días protagonizada por organizaciones campesinas, el Comité
Cívico local y algunas autoridades del gobierno local sobre cuestiones relacionadas
con las tierras, el medio ambiente y la infraestructura. En diciembre, el presidente
Evo Morales canceló los planes de suprimir los subsidios a la gasolina y el gasóleo
tras las protestas masivas por la drástica subida de los precios.
Algunos altos cargos gubernamentales cuestionaron públicamente la legitimidad de las
ONG y movimientos sociales que expresaban su desacuerdo con políticas y medidas del
gobierno.
En febrero, el historial de derechos humanos de Bolivia fue sometido al examen periódico
universal de la ONU. Varios Estados manifestaron su preocupación en torno a la independencia
del poder judicial, la impunidad y el acceso a la justicia, los derechos de la mujer
y la discriminación por motivos de orientación sexual.
Los ambiciosos plazos fijados para promulgar nuevas leyes y la falta de transparencia
en el procedimiento dificultaron una consulta significativa sobre reformas de gran
alcance.
En mayo tomó posesión de su cargo el nuevo Defensor del Pueblo, aunque suscitó preocupación
el hecho de que no se hubieran aplicado unos criterios objetivos en la primera ronda
de selección.
Una ley promulgada en febrero facultó al presidente para nombrar por decreto jueces
interinos que cubrieran los puestos vacantes en la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional.
Estos mandatos temporales se ampliaron tras el retraso en la selección y elección
de nuevos jueces. Estaba previsto que el mandato de los jueces que ya ocupaban cargos
en estos tribunales, nombrados por gobiernos anteriores, finalizara cuando se completara
el proceso.
Los jueces interinos del Tribunal Constitucional recibieron instrucciones de ocuparse
exclusivamente de los casos atrasados iniciados antes de febrero de 2009. Como consecuencia,
el Tribunal no pudo ejercer el control constitucional de las nuevas leyes. Surgieron
dudas sobre la compatibilidad entre las normas internacionales de derechos humanos
y ciertos aspectos de las nuevas leyes, como el efecto retroactivo de la ley anticorrupción,
las duras penas previstas en la ley antirracismo y, en la ley del órgano judicial,
el papel del defensor del litigante, que ejercía una función de supervisión al mismo
tiempo que dependía del poder ejecutivo.
Las violaciones de derechos humanos cometidas en el curso de operaciones de seguridad
y en instalaciones policiales y militares siguieron suscitando preocupación.
Dos hombres murieron por heridas de bala y al menos 30 personas resultaron heridas
cuando la policía intentaba dispersar a unos manifestantes que habían cortado la carretera
en la provincia de Caranavi. A los manifestantes les preocupaban los indicios de que
el gobierno pudiera incumplir la promesa electoral de construir en el lugar una planta
de procesamiento de cítricos. Un informe del Defensor del Pueblo, posteriormente cuestionado
por el gobierno, criticó el uso de la fuerza desproporcionada y excesiva, las aprehensiones
indiscriminadas y el trato inhumano y degradante durante la detención. Al concluir
el año continuaban las investigaciones sobre el caso.
En septiembre se difundió un vídeo que mostraba a varios hombres con uniformes militares
que sumergían repetidamente en agua a un recluta en Challapata, departamento de Oruro,
en 2009. El vídeo reavivó la preocupación por el predominio de la violencia en el
seno del ejército. Al finalizar el año, cuatro oficiales del ejército eran objeto
de una investigación de oficio.
Durante el año se supo de varios casos de linchamiento.
Entre el 23 de mayo y el 1 de junio, cuatro policías fueron linchados después de haber
estado cautivos a manos de particulares en Saca Saca, cerca de Uncía, en el departamento
de Oruro. Se creía que uno de los agentes había sido torturado varios días antes de
ser asesinado. Las autoridades indígenas de la comunidad acusaban a la policía de
matar a un taxista y de extorsión, y rechazaron la presencia de los fiscales encargados
del caso. Al concluir el año se estaba investigando a seis sospechosos.
La comparecencia ante la justicia de responsables de violaciones de derechos humanos
cometidas tanto durante regímenes militares anteriores como después del restablecimiento
del gobierno democrático siguió sufriendo retrasos, así como la reparación a las víctimas.
En agosto, la Corte Suprema condenó a Óscar Menacho Vaca y a Justo Sarmiento Alanez,
dos ex agentes del gobierno militar de Hugo Banzer (1971-1978), a 20 años de prisión,
y a 15 años a un tercer agente, por el papel que desempeñaron en las desapariciones
forzadas de José Carlos Trujillo Oroza y José Luis Ibsen Peña, ocurridas en 1972
y 1973.
En septiembre, la Corte Interamericana falló que Bolivia no había asumido su responsabilidad
de investigar y llevar ante la justicia a los responsables de la desaparición forzada
del activista José Luis Ibsen Peña y de su hijo, Rainer Ibsen Cárdenas, ocurridas
entre 1971 y 1973.
Los fiscales que trataron de acceder a archivos militares en sus investigaciones sobre
las desapariciones forzadas de 1980-1981 afrontaron continuos obstáculos, pese a que
la Corte Suprema dictó en abril dos órdenes para que se desclasificaran los archivos.
Sufrieron demoras las actuaciones judiciales sobre los sucesos del “Octubre Negro”
de 2003, en los que al menos 67 personas murieron y más de 400 resultaron heridas
en enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes. La escasez de recursos
dificultó que testigos y víctimas comparecieran ante el tribunal.
El juicio sobre la masacre de Pando de 2008 sufrió continuos retrasos. El ex prefecto
del departamento acusado de ser el autor intelectual de las violaciones de derechos
humanos cometidas seguía en prisión preventiva al finalizar el año.
Según las ONG, sólo 218 de las 6.000 víctimas de violaciones de derechos humanos que
habían reclamado una reparación en virtud de una ley de 2004 habían recibido algún
tipo de resarcimiento.
Las ONG informaron de que el 82 por ciento de los casos de violencia sexual que llegaron
a los tribunales en el municipio rural de Quillacollo, departamento de Cochabamba,
entre 2008 y mediados de 2010, habían sido abandonados o seguían sin una condena firme.
Las cifras disponibles de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2008 mostraban
un aumento de la tasa de mortalidad materna del país, que pasó de 230 muertes por
cada 100.000 nacidos vivos en 2003 a 310 en 2008. Aunque se cuestionó la base metodológica
de las cifras, fuentes autorizadas sugirieron que se había utilizado la misma metodología
para obtener ambos conjuntos de resultados.
