La tensión en el seno de las fuerzas armadas seguía siendo una fuente potencial de
inestabilidad. Se tuvo noticia de que a finales de diciembre había habido un intento
de golpe de Estado. Ante la ausencia de progresos en la investigación sobre los homicidios
de personalidades políticas y militares perpetrados en 2009, miles de personas salieron
a la calle para exigir el fin de la impunidad. La libertad de expresión se vio amenazada
al ordenarse el cierre de un periódico que había publicado información que implicaba
a un oficial militar en el homicidio del ex presidente del país. En julio se aprobó
una ley que prohibía la mutilación genital femenina y en octubre se presentó una demanda
contra dos personas que realizaban esta práctica.
Los magistrados y otros funcionarios de justicia se declararon en huelga en varias
ocasiones durante el año para exigir mejoras salariales y laborales.
En febrero, la Unión Europea suspendió parcialmente la ayuda al desarrollo. También
amenazó con congelar los activos e imponer prohibiciones de visados a varios oficiales
militares y otros funcionarios sospechosos de implicación en narcotráfico y de poner
en peligro la paz, la seguridad y la estabilidad. La Unión Europea reiteró su exigencia
de una investigación sobre los homicidios políticos que tuvieron lugar en 2009.
En marzo, 600 policías y militares angoleños fueron desplegados en el marco de la
Misión Militar de Angola en Guinea-Bissau (MISSANG), con el objetivo de ayudar en
la capacitación y la reforma del sector de la seguridad del país. El gobierno de
Angola había acordado aportar fondos y formación para la reforma de las fuerzas armadas
y la policía una vez que la Unión Europea dio por concluida en septiembre de 2010
su misión de apoyo a la reforma del sector de la seguridad.
En junio, la Asamblea Nacional aprobó varias nuevas leyes, entre ellas una que prohibía
la mutilación genital femenina y otra cuyo objetivo era prevenir y penalizar la trata
de personas. Las dos fueron promulgadas en julio y entraron en vigor con efecto inmediato.
En julio, miles de personas participaron en manifestaciones organizadas por 10 partidos
políticos de oposición en la capital, Bissau, para protestar contra la falta de avances
en la investigación de los homicidios políticos de 2009. Los manifestantes exigían
también la renuncia y el procesamiento del primer ministro y de otras personas a las
que acusaban de ser responsables de los homicidios.
En agosto, el fiscal general nombrado recientemente se comprometió a combatir la corrupción,
la delincuencia organizada y la impunidad.
A finales de diciembre, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas anunció que
se había sofocado un intento de golpe de Estado por parte de un grupo de militares
y civiles, entre ellos un ex ministro y un parlamentario. Otras informaciones apuntaban
a una insurrección militar provocada por los enfrentamientos entre los jefes del Estado
Mayor de las Fuerzas Armadas y la Marina. Según la información recibida, se arrestó
a cerca de 50 personas –en su mayoría soldados– y unas 10 fueron liberadas sin cargos
poco después. Al menos 25 personas seguían en prisión.
El 27 de diciembre, la Policía de Intervención Rápida ejecutó extrajudicialmente a
Iaia Dabó, cuando éste se preparaba para entregarse a la policía judicial. Se creía
que había participado en el intento de un presunto golpe de Estado el día anterior.
Al concluir el año no se había detenido a nadie en relación con su muerte. Iaia Dabó
era hermano de un político que había perdido la vida en junio de 2009 a manos del
ejército tras ser acusado de participación en otro presunto golpe de Estado.
No se había puesto a nadie a disposición de la justicia por los homicidios de políticos
y militares de alta graduación cometidos en 2009 y en años anteriores.
En marzo, el entonces fiscal general anunció que las investigaciones sobre el homicidio
del presidente João Bernardo Vieira y del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas,
general Tagme Na Waie, habían llegado a un callejón sin salida debido a las dificultades
para reunir pruebas.
En mayo, el fiscal anunció también que no existían pruebas de que se hubiera producido
un intento de golpe de Estado en junio de 2009, y archivó provisionalmente la investigación.
Asimismo, remitió al Tribunal Superior Militar el caso de dos políticos que perdieron
la vida en el presunto golpe de Estado, pues consideraba que ese caso era competencia
de dicho tribunal. El Tribunal Superior Militar refutó esta opinión, y se trasladó
el caso al Tribunal Supremo. Al terminar el año no se había tomado decisión alguna
acerca de quién debía hacerse cargo del caso.
En julio se aprobó una nueva ley que prohibía la mutilación genital femenina y prescribía
penas de entre uno y cinco años de cárcel para las personas que la practicaran. En
octubre, dos mujeres que practicaban la mutilación genital femenina y otra mujer fueron
detenidas en la localidad de Bafatá, en el este del país, tras ser acusadas de someter
a cuatro niñas a mutilación genital femenina en septiembre. Las cuatro niñas, que
estaban emparentadas y tenían entre 2 y 5 años, fueron llevadas por su abuela para
someterlas a la extirpación. La abuela fue una de las personas detenidas en octubre.
Al cabo de unos días, las tres mujeres quedaron en libertad condicional en espera
de investigaciones adicionales, y debían presentarse a diario en la oficina local
de la fiscalía. Al terminar el año el caso no había llegado a los tribunales.
En abril, el gobierno ordenó el cierre del semanario Última Hora tras la publicación de un artículo en el que citaba pasajes de un informe oficial
pero todavía inédito que al parecer implicaba al entonces jefe del Estado Mayor de
la Armada en el homicidio del presidente Vieira. Tras la condena generalizada de grupos
de la sociedad civil, el gobierno negó que hubiera ordenado el cierre del periódico.
Sin embargo, el gobierno advirtió a todos los periódicos que fueran prudentes con
sus informaciones o de lo contrario perderían sus licencias.
