Continuaron imponiéndose sanciones a defensores y defensoras de los derechos humanos y a personas críticas con el gobierno por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Los medios de comunicación siguieron sometidos a un férreo control, impuesto mediante unas restrictivas leyes de censura y mediante acciones legales entabladas contra los editores. La detención arbitraria, los golpes con vara por orden judicial y la pena de muerte continuaron vigentes.
Chee Soon Juan, dirigente de un partido de la oposición, continuaba en bancarrota a causa de las demandas por difamación presentadas por ministros y ex ministros, por lo que se le prohibía ocupar cargos públicos y salir de Singapur. Él y sus compañeros se exponían a multas y encarcelamiento por hablar en público sin permiso y celebrar reuniones ilegales. Aún no se habían resuelto los recursos presentados contra sus condenas, y al finalizar el año seguían en libertad bajo fianza.
Un número indeterminado de presuntos extremistas islámicos permanecían recluidos en aplicación de la Ley de Seguridad Interna, que establecía la reclusión sin juicio. Se tuvo noticia de que se había practicado una nueva detención. Quedaron en libertad siete personas que habían permanecido recluidas hasta nueve años.
ArribaAl menos ocho personas fueron condenadas a muerte. No se facilitó información oficial sobre ejecuciones.
Continuaban imponiéndose los golpes con vara como castigo para alrededor de 30 delitos, incluido el vandalismo y los delitos relacionados con la inmigración.
El relator especial de la ONU sobre el racismo visitó Singapur en abril. Sus recomendaciones incluyeron la necesidad de tomar medidas para proteger a la población trabajadora migrante y crear un marco jurídico e institucional de lucha contra el racismo. El relator afirmó que ya era hora de que los singapureses pudieran intercambiar opiniones sobre cuestiones étnicas y colaborar para hallar soluciones.
ArribaPor primera vez, varios ex presos de conciencia hicieron públicas sus experiencias. Entre ellos estaba Teo Soh Lung, que publicó un libro sobre las dos ocasiones, en 1987 y de nuevo en 1990, en que había sido detenido en virtud de la Ley de Seguridad Interna.
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